Introducción
En las primeras décadas del siglo XXI, la delgada línea que llego a separar a la delincuencia organizada de la política formal mexicana, hoy se ha difuminado de manera irreversible. El fenómeno de partidos políticos y/o estructuras de gobierno acusados de cooperar, proteger o hasta fusionarse (en las candidaturas y puestos oficiales) con organizaciones catalogadas como terroristas ya no es una novedad absoluta en el derecho internacional. Sin embargo, la reciente maduración de varios expedientes judiciales en las cortes federales de los Estados Unidos —particularmente en el Distrito Sur de Nueva York— ha colocado al Estado mexicano frente a un espejo geopolítico sumamente incómodo y muy complicado.
La entrega voluntaria y coordinada ante la justicia estadounidense de operadores clave en la administración del estado de Sinaloa ya no representa únicamente un golpe a la seguridad regional; constituye un sismo una ruptura del piso institucional de la denominada “Cuarta Transformación”. Este ensayo analiza los antecedentes internacionales de ilegalización y de asfixia a partidos vinculados al terrorismo, el viraje actual de Washington hacia lo que ellos institucionalizaron como el narcoterrorismo y las implicaciones económicas y políticas que la presidenta Claudia Sheinbaum y el legado de Andrés Manuel López Obrador enfrentan ante un dilema clásico de realismo político: la cooperación pragmática o la asfixia soberanista.
I. El plano internacional
El escrutinio estadounidense en toda su área de influencía, y sobre en organizaciones y partidos políticos extranjeros cuenta desde hace mucho con un andamiaje legal e histórico muy robusto. Históricamente, la proscripción o el veto internacional a organizaciones políticas siempre se ha ejecutado bajo dos modalidades: la ilegalización local, por la sumisión operativa de los partidos a guerrillas (como ocurrió en España con la disolución de Batasuna en 2003 por su identidad estructural con ETA) o las restricciones a partidos de naturaleza híbrida que fungen simultáneamente como ejércitos, redes de beneficencia y bancadas legislativas.
En esta segunda categoría, agrupaciones como Hezbolá en el Líbano o Hamás en Palestina han experimentado el peso del veto de Occidente. A través de la Hezbollah International Financing Prevention Act, Estados Unidos determinó la inviabilidad de fragmentar a la organización en un “ala política” y en un “ala militar”, todo lo simplifico aplicando sanciones financieras absolutas para cualquier entidad bancaria global que procese fondos de sus legisladores o ministros. De igual forma, el triunfo electoral de Hamás en 2006 bajo la lista “Cambio y Reforma” también derivó en un congelamiento inmediato de la asistencia internacional hacia Hamas. El principio fundamental del estatuto federal estadounidense (18 U.S. Code § 2339B) es tajante: la provisión de “apoyo material o recursos” —que incluye asesoría, legitimación institucional o mediación— a una Organización Terrorista Extranjera (FTO) anula la legitimidad de cualquier plataforma electoral.
II. El narcoterrorismo como paradigma penal y geopolítico
Hoy tenemos el traslado de este marco punitivo hecho en Estados Unidos al escenario latinoamericano que ha evolucionado mediante el concepto de narcoterrorismo. Aquí, la doctrina ideológica es sustituida por 1. El control territorial y 2. El flujo de capitales ilícitos. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha empleado con éxito este enfoque para procesar no solo a carteles individuales, sino a partidos de gobierno concebidos como “Empresas Criminales Conjuntas”.
Dos antecedentes ilustran esta dinámica:
- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): Acusado formalmente por fiscales federales de operar la red de narcotráfico institucionalizada conocida como el “Cártel de los Soles” en alianza con facciones de las FARC.
- El Partido Nacional de Honduras (PNH): Cuyo líder y expresidente, Juan Orlando Hernández, fue condenado en Nueva York tras demostrarse que el aparato estatal y la estructura del partido operaron como una plataforma logística para inundar de estupefacientes el territorio estadounidense.
El giro operativo contemporáneo radica en la asimilación legal de los principales carteles de la droga —como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación— bajo los mismos criterios de una FTO (Organización Terrorista Extranjera). Este cambio de política de Estados Unidos redefine las reglas del juego pero ahora de la corrupción local. Un funcionario público local, alcalde o gobernador que pacta el control de una plaza o recibe financiamiento ilícito para campañas electorales ya no es procesado bajo los tipos tradicionales de cohecho o delincuencia organizada; es catalogado automáticamente como un facilitador que provee apoyo material al terrorismo transnacional.
III. Sinaloa y el boquete institucional en la 4T
Es bajo este muy estricto lente legal como debe interpretarse la crisis judicial en el entorno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En el sistema penal federal estadounidense, y la entrega formal y voluntaria de funcionarios de Sinaloa de seguridad y finanzas regionales, esto no debemos verlo como un acto aislado, sino el preámbulo de acuerdos de cooperación y delación (plea bargains). Al adquirir la condición de testigos protegidos, los operadores operativos y financieros se ven obligados a entregar bitácoras, transferencias y testimonios documentales que incriminan a los mandos superiores, todo para eludir penas de cadena perpetua.
Para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, este escenario amenaza de forma directa el balance de su legado moral e histórico. Si las declaraciones en las cortes de Nueva York demuestran de manera sistemática la inyección de capitales criminales en las estructuras de diferentes regiones del partido, la narrativa de la “honestidad valiente” y la pretendida separación del poder político del delincuencial queda completamente desmantelada a nivel internacional. Asimismo, la doctrina de “Abrazos, no balazos” corre el riesgo de ser reinterpretada judicialmente por las agencias estadounidenses como una política plenamente identificada como deliberada de omisión y facilitación para el auge del tráfico de fentanilo, se usaría como prueba no como anécdota.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una crisis de gobernabilidad inmediata. Aunque la designación formal de Morena en su totalidad como una organización criminal es improbable debido a las formas diplomáticas y la preservación de tratados comerciales fundamentales como el T-MEC, el Departamento de Justicia cuenta con las herramientas para operar una asfixia selectiva. La inclusión de fideicomisos, cuentas partidistas o empresas fachada en la “Lista Negra” de la OFAC (Departamento del Tesoro) neutraliza la operatividad de cualquier organización sin necesidad de un decreto de ilegalización formal.
IV. La encrucijada “o Copelas o Cuello”
La realidad económica de México —caracterizada por una profunda integración estructural con el mercado norteamericano— traslada este debate de las cámaras legislativas al bolsillo de millones de ciudadanos. Reeditando de forma metafórica del clasico proverbio mexicano contemporáneo del “copelas o cuello”, la administración de Sheinbaum encara dos avenidas de consecuencias radicalmente opuestas:
- El pragmatismo judicial (“Copelas”): Optar por salvaguardar la estabilidad macroeconómica, el empleo formal y las inversiones del nearshoring. Esta ruta exige una cesión dolorosa en términos políticos: agilizar las extradiciones de los funcionarios implicados, purgar de manera drástica las estructuras partidistas contaminadas y conceder a Washington una injerencia de supervisión táctica en la estrategia de seguridad nacional.
- El choque nacionalista (“O cuello”): Enarbolar la defensa de la soberanía y el rechazo al intervencionismo de agencias extranjeras para blindar la estructura interna del movimiento. En el siglo XXI, la respuesta de una potencia no requiere el despliegue de fuerza, sino el uso de la arquitectura financiera global. El congelamiento de flujos, la degradación de la nota crediticia del Estado mexicano, la depreciación acelerada del tipo de cambio por fuga de capitales y la imposición de aranceles fronterizos bajo causales de seguridad nacional tendrían un impacto inflacionario destructivo sobre la canasta básica de la población.
| Opción | Resultado probable |
| Cooperar con EE. UU., pero desde instituciones mexicanas | Sheinbaum pierde piezas de Morena, pero puede salvar al Estado, la economía y su propia presidencia. |
| Proteger a Morena usando la bandera de soberanía | Puede ganar tiempo político, pero si EE. UU. tiene pruebas sólidas, el costo puede ser devastador. |
| Cooperar parcialmente, sin tocar a figuras centrales | Sería el peor punto medio: no satisface a EE. UU., no limpia a Morena y no convence a los mercados. |
| Hacer una limpieza real en Morena y gobiernos estatales | Doloroso para la 4T, pero sería la única salida con credibilidad de largo plazo. |
Conclusión
“O copelas o cuello”: o Sheinbaum coopera con una limpieza real, o Washington puede imponerle el costo económico, diplomático y político.
El juicio que madura en las cortes de Nueva York ha dejado de ser un asunto periférico para convertirse en el vector que definirá la viabilidad económica y política del corto plazo en México. Pero a diferencia de las dinámicas de la política interna, el sistema judicial estadounidense no responde a los tiempos electorales ni a las narrativas de la retórica soberanista mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante un tablero donde cada movimiento cuenta: de su capacidad para equilibrar las demandas de justicia transnacional de Washington con la cohesión de su propio movimiento dependerá que el país mantenga la estabilidad económica o se adentre en un laberinto de turbulencia financiera e institucional de consecuencias impredecibles.
La clave será si los exfuncionarios que ya están en manos de EE. UU. conectan el caso solo con Sinaloa o si lo conectan con campañas, dirigencias nacionales, financiamiento político o protección federal. Ahí estaría la diferencia entre escándalo estatal y crisis histórica del obradorismo.
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