Especial de inicio de semana

La elección de jueces por voto popular en México, análisis de lo que vivió Bolivia, único país en el mundo que tiene el sistema de elegir jueces y ministros de la suprema corte

Desde que Bolivia adoptó el sistema de elección popular de jueces en 2011, han surgido preocupaciones sobre cómo factores externos e intereses ocultos, como el narcotráfico y otros poderes fácticos, influyen en la promoción de jueces que favorecen sus agendas.

  • El cambio lo que pretendía era democratizar la justicia, haciendo que los jueces fuesen electos por el voto popular, y no solo nombrados por las élites políticas o judiciales. No obstante, la realidad ha mostrado que, lejos de fortalecer la independencia judicial, ha incrementado la posibilidad de que poderes encubiertos manipulen el sistema en su favor. El proceso de selección de candidatos sigue estando controlado en gran medida por la Asamblea Legislativa, dominada históricamente por el partido gobernante. Esto ha abierto la puerta para que intereses políticos y económicos intervengan en la designación de jueces que sean afines a esos grupos de poder, comprometiendo la independencia del poder judicial.

Uno de los principales problemas es que la falta de controles adecuados sobre el financiamiento de las campañas judiciales permite que actores externos, como el narcotráfico, ejerzan su influencia. En regiones donde el narcotráfico tiene una presencia significativa, ha habido denuncias de que estos grupos financian de manera encubierta las campañas de ciertos candidatos a jueces, con el objetivo de asegurar un sistema judicial que los favorezca o que al menos sea permisivo con sus actividades. Esto resulta en la elección de jueces que, lejos de cumplir su rol imparcial y garantizar el estado de derecho, terminan protegiendo intereses ilegales.

La corrupción, alimentada por estos poderes encubiertos, mina la confianza de la población en el sistema judicial. Esto se ve reflejado en la creciente tasa de votos nulos y blancos en las elecciones judiciales, lo que indica un profundo desencanto y desconfianza hacia la independencia de los jueces elegidos. Las autoridades judiciales que deberían garantizar la justicia muchas veces terminan siendo percibidas como extensiones del poder político o de intereses ilegales, como el narcotráfico.

Además, se ha señalado que en algunos casos, el narcotráfico y otros grupos con poder económico han promovido candidaturas de jueces dispuestos a cerrar los ojos ante el lavado de dinero, la corrupción y otros crímenes graves, generando un ambiente de impunidad. Esto agrava aún más la percepción de que Bolivia enfrenta una crisis de independencia judicial.

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¿Qué puede pasar con la justicia en México si los jueces son elegidos por voto popular?

El reciente cambio propuesto por Morena para reformar la Constitución y que los jueces y ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular puede tener consecuencias profundas para la impartición de justicia en el país. Aunque la medida podría parecer un paso hacia la democratización del poder judicial, es importante analizar las posibles implicaciones que este cambio traería consigo.

  1. Politización del Poder Judicial
    Uno de los principales riesgos es que los jueces se vean obligados a alinearse con intereses políticos para ganar apoyo electoral. Esto podría minar la independencia del Poder Judicial, que es crucial para que se imparta justicia de manera imparcial. En lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, los jueces podrían ser vulnerables a presiones políticas o económicas, lo que los obligaría a fallar en función de agendas partidistas.
  2. Influencia de poderes fácticos y económicos
    Tal como ha ocurrido en Bolivia, la elección popular de jueces ha permitido que intereses externos, como poderes fácticos, influyan en la designación de jueces. Estos grupos pueden financiar campañas judiciales con la intención de colocar jueces que favorezcan sus intereses, debilitando el Estado de derecho y promoviendo la impunidad.
  3. Crisis de confianza en el sistema judicial
    La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales para la confianza en el sistema. Si los jueces están alineados con partidos políticos o grupos de poder económico, la ciudadanía perderá aún más confianza en la justicia, lo que podría traducirse en un mayor número de juicios cuestionables y sentencias dictadas con parcialidad.
  4. Compromiso con el populismo
    La impartición de justicia podría estar sujeta a la presión del voto popular, favoreciendo decisiones que satisfagan los deseos inmediatos de la mayoría en lugar de hacer cumplir la ley de manera equitativa. Esto podría llevar a que los jueces tomen decisiones populistas en lugar de hacer valer los derechos constitucionales y proteger a las minorías o a grupos vulnerables.
  5. Erosión del Estado de Derecho
    Si se permite que los intereses políticos y económicos controlen el proceso de elección de jueces y ministros, el sistema judicial podría convertirse en un instrumento más del poder político en lugar de ser un contrapeso. Esto debilitaría el equilibrio de poderes y pondría en riesgo las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este cambio constitucional podría traer riesgos considerables para la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial en México. En lugar de mejorar la justicia, la elección popular de jueces y ministros podría ponerla a merced de intereses políticos y poderes fácticos, socavando la confianza en el Estado de derecho y la democracia. ¿Es esta la dirección que queremos para nuestro país?

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