Análisis Prospectivo: La Sección 22 y el Gobierno de Sheinbaum

La relación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y en particular su aguerrida Sección 22 de Oaxaca, y el gobierno federal mexicano ha sido históricamente una de tensión, negociación y un conflicto recurrente. Entender qué podría suceder con sus exigencias bajo una nueva administración, como la de Claudia Sheinbaum, implica considerar varios escenarios y factores.

Si las Exigencias Actuales se Cumplen: ¿El Fin de las Demandas? Claro que no

La naturaleza de la CNTE, y especialmente de la Sección 22, va más allá de una lista de peticiones. Su lucha se enmarca en una visión ideológica y política sobre la educación, los derechos laborales y el modelo de país. Y aunque el actual gobierno y la sección 22 tienen una visión muy parecida, si el gobierno de Sheinbaum accede a sus demandas más prominentes (por ejemplo, un aumento salarial sustancial, la abrogación completa de la reforma de Peña Nieto y de algunos aspectos de la nueva ley USICAMM que consideran lesivos, y la reinstalación de mesas de negociación con poder de decisión), es probable que se produzca una desmovilización temporal y una disminución de la tensión.

Sin embargo, históricamente, la consecución de algunas demandas ha tendido a ser seguida por la formulación de nuevas demandas o la reactivación de otras que estaban en segundo plano. El “pliego petitorio” de la CNTE suele ser extenso y dinámico. Es seguro que podrían surgir nuevas exigencias relacionadas con:

• Mayor control sobre plazas y procesos internos en los estados donde tienen fuerza.
• Un presupuesto directo para programas propios o para las escuelas normales rurales.
• Demandas de justicia por agravios pasados.
• Oposición a nuevas políticas educativas que no se alineen con su visión.

La lógica de un movimiento de resistencia como el de la Sección 22 implica necesariamente una movilización constante para mantener su relevancia, cohesión y capacidad de negociación. Ceder en un punto no garantiza la paz perpetua, sino que puede ser visto como una muestra de la efectividad de su método de presión.

Si las Exigencias No se Cumplen: ¿Huelgas Interminables?

Si el gobierno opta por no ceder a las principales demandas, o solo lo hace parcialmente, la probabilidad de conflictos prolongados y disruptivos es muy alta . La Sección 22 ha demostrado una notable capacidad de resistencia y de sostenimiento de paros y plantones durante semanas e incluso meses.

No obstante, hablar de “huelgas interminables” podría ser una hipérbole. Toda movilización tiene costos para los propios maestros (desgaste físico, económico –a pesar de los apoyos internos–) y enfrenta el riesgo de perder apoyo popular o de generar una respuesta gubernamental más firme si la afectación a terceros se vuelve insostenible. Lo más probable serán ciclos de movilización intensa, seguidos de períodos de repliegue y reorganización, para luego volver a la carga ya que los alumnos no cuentan. La intensidad dependerá de la coyuntura política, la respuesta gubernamental y la capacidad de la propia Sección 22 para mantener la unidad y la combatividad de sus bases.

¿Qué debería hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum?

El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentará un dilema complejo, con opciones que conllevan riesgos y beneficios:

1. Negociación y Cesión Parcial/Estratégica:
   • Acción: Priorizar el diálogo, identificar las demandas más legítimas o viables (por ejemplo, mejoras salariales dentro de lo presupuestalmente posible, revisión de aspectos administrativos de la USICAMM que generan fricción) y ceder en algunos puntos para desactivar el conflicto a corto plazo.
   • Pros: Puede reducir la conflictividad social, proyectar una imagen de gobierno dialogante y sensato, y ganar tiempo.
   • Contras: Podría interpretarse como debilidad, incentivar futuras demandas y no resolver las cuestiones de fondo sobre el control del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
2. “Mano Dura” o Firmeza:
   • Acción: Establecer límites claros, no ceder a demandas consideradas excesivas o que contravengan el marco legal, aplicar la ley en caso de bloqueos o actos que afecten derechos de terceros, y resistir la presión de los paros.
   • Pros: Podría sentar un precedente de que la presión no es el único camino para obtener concesiones, ganar el apoyo de sectores de la población cansados ​​de las disrupciones.
   • Contras: Riesgo de escalada del conflicto, confrontaciones, victimización de los manifestantes (lo que podría generarles mayor apoyo), y una polarización aún mayor. Históricamente, la “mano dura” sin diálogo no ha resuelto el problema de fondo con la CNTE.
3. La Reforma Judicial como Herramienta de Control (Una Apuesta Incierta):
   • La reforma judicial y la elección popular de jueces y magistrados pueda dar al gobierno más “fuerza para controlar a estos sindicatos” ya que los jueces y magistrados ahora son aliados de Morena es una hipótesis con muchas variables.
   • La Posible Lógica Gubernamental: Es que un poder judicial alineado o más sensible a las prioridades del Ejecutivo podría ser menos proclive a otorgar amparos a los sindicatos contra desiciones gubernamentales o más dispuesto a actuar contra bloqueos y otras formas de protesta consideradas ilegales.
   • Realidades y riesgos:
     • La Independencia Judicial (Incluso Electa): No hay garantía de que jueces electos caigan sistemáticamente a favor del gobierno. Podrían responder a otras presiones populares o a sus propias interpretaciones legales o beneficios de grupos de poder.
     • Derechos Fundamentales: El derecho a la manifestación y a la huelga (aunque este último tiene regulaciones específicas para el sector público) son derechos protegidos. Un uso excesivo de la fuerza judicial podría ser contraproducente y generar críticas nacionales e internacionales, tanto a jueces “elegidos democraticamente” como al gobierno de Sheinbaum.
     • Naturaleza del Conflicto: El conflicto con la CNTE es principalmente político y social, no solo legal. Resolverlo amparado en una orden judicial no resolvería nada, se requiere negociación política y atención a las causas subyacentes que mas que nada son ideológicas, nunca se sesovería nada solo con fallos judiciales.
     • Legitimidad: Usar una reforma judicial, cuyo propósito declarado como lema de campaña de la reforma judicial es combatir la corrupción y mejorar la justicia, como herramienta para controlar los movimientos sociales podría minar la legitimidad tanto de la reforma como del propio gobierno.

Recomendación Estratégica (Opinión):

Un enfoque equilibrado y estratégico para el gobierno de Sheinbaum podría incluir:

• Diálogo Continuo y Genuino: Mantener canales de comunicación abiertos, no solo en momentos de crisis, y estar dispuesto a escuchar y negociar sobre bases realistas.
• Transparencia: Hacer públicas las demandas, las propuestas del gobierno y las limitaciones presupuestarias o legales para cumplir ciertas peticiones.
• Enfoque en la Calidad Educativa y el Bienestar Docente (Más Allá de la CNTE): Impulsar políticas que mejoren las condiciones laborales de todos los maestros y la calidad de la educación, lo que podría reducir el margen de maniobra de las facciones más radicales si sus demandas no resuenan con la mayoría del magisterio o la sociedad.
• Firmeza Selectiva y Legalidad: Actuar con firmeza ante actos que violan flagrantemente la ley y afectan gravemente a terceros, pero siempre dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, evitando la represión como política de Estado.
• No Confiar Exclusivamente en el control politico (Como sobre el Judicial) para Resolver Problemas Políticos: La reforma judicial tendrá o no sus propios méritos y tendrá también sus consecuencias, pero no debería ser vista como una panacea para gestionar conflictos sociales complejos que requieren soluciones políticas y sociales específicas.

La situación con la Sección 22 y la CNTE es un desafío estructural para cualquier gobierno en México. Exige habilidad política, paciencia estratégica y una visión de largo plazo que combinan el diálogo con la aplicación consistente de la ley y, sobre todo, con un compromiso real para mejorar las condiciones de la educación y de los educadores en las regiones más desfavorecidas del país, que es donde estos movimientos tienen su mayor arraigo.