El Péndulo Educativo Mexicano: Entre la Inseguridad Laboral y el Poder Sindical

La educación en México ha sido escenario de un vaivén de reformas y contrarreformas que han impactado profundamente no solo en el sistema de enseñanza, sino también en la vida de los maestros, la influencia de sus sindicatos y, en última instancia, en la cotidianidad de nuestra nación. La reforma educativa impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y la subsecuente contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador ilustran un ciclo complejo donde el poder, la estabilidad laboral y los derechos adquiridos se han visto en constante tensión.

La Reforma de Peña Nieto: Eficiencia y Meritocracia vs. Incertidumbre Docente

En 2013, la administración de Enrique Peña Nieto promulgó una ambiciosa reforma educativa. Sus objetivos declarados eran: 1.- Elevar la calidad de la educación. 2.- Establecer un sistema basado en el mérito para el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes, y, de forma relevante y necesaria, 3.- Acotar el poder que históricamente había ejercido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).¹

Los mecanismos clave de esta reforma incluyeron la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como un órgano autónomo para poder hacer implementación del Servicio Profesional Docente. Esta última establecía evaluaciones periódicas obligatorias para los maestros, cuyos resultados podrían condicionar su permanencia en la plaza. Si bien se argumentó en esos dias que esto garantizaría docentes idoneos y en continua preparación frente a un grupo, la medida generó mucha incertidumbre y un gran malestar en muchos maestros. Muchos maestros de cierta antiguedad y sobre todo los que precedian de normales rurales sintieron que su estabilidad laboral, un derecho históricamente defendido por los sindicatos, estaba en riesgo, y percibieron la reforma como “punitiva” y una afrenta a su dignidad profesional.

Y sí efectivamente, esta reforma limitó la capacidad de los líderes sindicales para controlar las plazas docentes, las promociones y otros aspectos de la carrera magisterial, que era la norma que se usaban con criterios discrecionales o políticos y hasta personales del lider sindical. Sin embargo, el costo fue un magisterio que, en amplios sectores, se sintió vulnerable y desprotegido en su fuente de empleo.

La Contrarreforma de López Obrador: Revalorización y el Retorno de la Influencia Sindical

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, una de sus promesas de campaña fue abrogar la reforma de Peña Nieto. En 2019, se materializó esta contrarreforma, con el argumento central de “revalorizar” al magisterio y eliminar los aspectos considerados punitivos. Se canceló el INEE y se modificaron los procesos de evaluación, eliminando su carácter obligatorio para la permanencia.

Si bien esta nueva legislación, contenida en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), buscaba devolver la certidumbre laboral a los docentes, muchos críticos y especialistas en la docencia y preocupados por la educacion publica señalaron que la contrareforma abrió la puerta para que los sindicatos recuperaran una influencia considerable sobre la vida laboral de sus agremiados. La eliminación de los controles más estrictos y la retórica de diálogo con las cúpulas sindicales han sido interpretadas como una devolución de poder.

La percepción actual es que, nuevamente, la trayectoria profesional de un maestro –desde la asignación de plazas, cambios de inscripción, promociones y acceso a ciertos beneficios– puede depender en gran medida de la relación que se mantiene con el liderazgo sindical de su sección. La necesidad de “quedar bien” con los líderes para asegurar una carrera favorable o evitar obstáculos se ha convertido en realidad, en una dinámica recurrente.

El Impacto Social y Político: Paros, Huelgas y Demandas en la Arena Pública

Esta compleja interacción entre las políticas educativas y el poder sindical tiene consecuencias directas y palpables para la ciudadanía y el país. Las movilizaciones magisteriales, caracterizadas por paros laborales, marchas y plantones, son una constante cada año en el panorama nacional, afectando el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes y su desarrollo, ya sea para insertarse despues a las universidades publicas o a la industria que necesita mano de obra calificada, en el orden inmediato las marchas y plantones han generado caos vial y pérdidas económicas en las ciudades donde se concentran, principalmente en la Ciudad de México.

Un ejemplo recurrente de esta dinámica son las acciones de la Sección 22 de la CNTE, representativa del magisterio de Oaxaca, es la más combativa y con mayor capacidad de movilización. Sus demandas suelen ser una mezcla de peticiones salariales imposibles de cumplir, y la abrogación de leyes o normativas específicas (incluso aquellas emanadas de la reforma de López Obrador que no satisfacen completamente sus exigencias, como la USICAMM), y la exigencias de mesas de negociación con alto poder de decisión.

En las semanas y meses recientes de este mes de mayo de 2025, la Sección 22 y otras facciones de la CNTE han mantenido una presencia activa en la Ciudad de México. Instalaron un plantón en el Zócalo capitalino, realizando marchas y bloqueos, exigiendo un aumento salarial del 100%, la abrogación total de la reforma de Peña Nieto (argumentando que la de AMLO mantiene elementos lesivos), y la reinstalación de una mesa de diálogo nacional para resolver sus pliegos petitorios. A lo largo de mayo de 2025, estas movilizaciones siguen, coincidiendo con periodos electorales o momentos clave de negociación presupuestal, lo que alimenta la percepción de que muchas de sus acciones tienen un fuerte componente político.

Sus demandas, en ocasiones, son consideradas por analistas y autoridades como inviables financieramente o como una búsqueda de mantener privilegios y control, más que una genuina lucha por la mejora educativa. La táctica de presionar mediante la afectación a terceros –los estudiantes y la ciudadanía en general– genera un desgaste en la opinión pública y lo peor dificulta la construcción de consensos en torno a una política educativa estable y de largo plazo.

La Unica Solución la Búsqueda de un Equilibrio Necesario

El sistema educativo mexicano parece atrapado en un ciclo donde las reformas buscan, alternativamente, imponer una visión de eficiencia que genera incertidumbre laboral, o devolver la estabilidad a costa de un posible resurgimiento del control sindical discrecional. Mientras tanto, la sociedad sufre las consecuencias de esta pugna, con la interrupción de clases y la sensación de que la educación es un rehén de intereses políticos y gremiales.

Es necsario encontrar un equilibrio que garantice los derechos laborales y la dignidad de los maestros, pero que tambien fomente su desarrollo profesional basado en el mérito y que asegure la calidad educativa para los estudiantes y limite la capacidad de cualquier actor para utilizar la educación con finos políticos o particulares, esto sigue siendo uno de los mayores desafíos para México. La resolución no parece estar en bandazos sexenales, sino en la construcción de acuerdos amplios y sostenidos que pongan el interés superior de la niñez y el desarrollo del país por encima de cualquier otra consideración.

Si no se logran establecer acuerdos transparentes y compromisos verificables por parte de las dirigencias sindicales para asegurar la preparación continua, rigurosa y pertinente, así como la evaluación formativa y objetiva de los docentes , entonces el sistema educativo en su conjunto seguirá siendo lamentablemente rehén de agendas políticas e intereses gremiales . Estos, con frecuencia, son impulsados ​​tanto por figuras políticas como por líderes sindicales que priorizan la propia y perpetuación de sus propios movimientos e ideologías particulares .

En este contexto, se corre el riesgo de que el financiamiento público, proveniente de los impuestos de todos los ciudadanos y que debería destinarse íntegramente a mejorar la calidad educativa , sea desviado o condicionado para sostener estas estructuras de poder. A los maestros agremiados se les podría seguir enviando mensajes, implícitos o explícitos, donde se les asegura que su estabilidad laboral y sus beneficios dependen más de su lealtad y apoyo activo al movimiento o a la cúpula sindical, la excelencia pedagógica, su dedicación en el aula o su compromiso con la actualización profesional constante es lo que menos importa.

Bajo este esquema, la meritocracia y el esfuerzo individual por ser un mejor educador quedan muy devaluados. Lo que se prioriza es la adhesión al grupo y la disciplina ante las directrices de los líderes, independientemente de si estas directrices benefician o no el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este lamentable escenario, la calidad de la educación, la innovación pedagógica y, principalmente, el derecho de los niños y jóvenes a recibir una formación integral, crítica y relevante para los desafíos del presente y futuro, se convierten en las principales víctimas , quedando supeditados a intereses sectoriales y luchas de poder que poco tienen que ver con la misión fundamental de la escuela.